Durante los días 7 y 8 de octubre APIA asistió, en la ciudad de Bruselas (Bélgica), al 5º Congreso Internacional Pro Europe: Green Dot 2010 «Green Economy in Action».

La organización Pro-Europe la componen las instituciones responsables del punto verde en Europa y está integrada por las sociedades gestoras de los SIG de 31 países.

Durante este encuentro se pudo conocer que en 2009 se evitó la emisión de 25 millones de Tm de CO2 por la recogida selectiva realizada en los países integrados en Pro Europe y se solicitó que se dejase de decir, cuando se hable la recogida de residuos, «materia prima secundaria» y comenzar a utilizar mejor «materia prima reciclada».

En el caso de España en 2009, Ecoembes recicló el 65,1% de los envases adheridos al Sistema Integrado de Gestión (SIG) y se avanzó que el borrador de la ley de Residuos, actualmente en fase de elaboración por parte del Gobierno español, puede complicar la viabilidad del sistema de residuos en España y que el coste del Punto Verde se puede triplicar con las disposiciones de la nueva Ley de Residuos, que entraría en vigor a finales de año. El conocido como Punto Verde es lo que pagan las empresas porque los envases que ponen en el mercado se reciclen. Si se incrementa la responsabilidad del productor por encima del actual 60%, el coste crecería exponencialmente. Este mayor precio afectaría a las más de 12.200 empresas afiliadas a Ecoembes en España.

La nueva ley de Residuos es la transposición de la Directiva Marco de Residuos europea a la legislación española. Para cumplir con las exigencias europeas debería entrar en vigor en diciembre de este año. El borrador de la Ley para España incluye, sin embargo, unas especificaciones como «el incremento de la responsabilidad ampliada del productor sobre los envasadores».

Actualmente, la responsabilidad del productor supone que se recojan hasta el 60% de los envases puestos en el mercado. En España, ya se ha alcanzado el 70% de recogida, por encima del objetivo. El problema está en ver si el borrador pedirá una tasa de recogida mayor, como según Ecoembes, se está barajando.

El director general de la asociación, Antonio García-Zarandieta, explicó que esta subida incrementaría exponencialmente los costes. «Aumentar al 80% supondría duplicar y alcanzar un 90% o un 95%, triplicándose el coste del Punto Verde, comprometiendo, la viabilidad del actual sistema de residuos».

El borrador, según García Zarandieta, puede suponer un nuevo riesgo si se contempla que la gestión de residuos se rija por normas de proximidad en lugar de por criterios competitivos, de libre mercado. Es decir, que las Comunidades Autónomas podrían exigir a Ecoembes que reciclara los envases recogidos en su territorio en empresas regionales, obviando el precio que se puede ofrecer desde otras Comunidades Autónomas.

Para el director de Ecoembes esta obligación «vulnera la norma europea que me obliga a vender al que más precio pague» y llevaría a Ecoembes a enfrentarse a denuncias constantes en la Comisión Nacional de la Competencia. Además, el director general de Ecoembes señala que la modificación del marco regulatorio se producirá “en un contexto marcado por la crisis”, que ya ha obligado a incrementar los costes de financiación de los sistemas de gestión de envases.

En una Europa abatida por la crisis, a la que nuestro país no es ajeno sobre todo en la pérdida de empleo, durante el Congreso, el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik dijo que hoy “las ecoindustrias son las potenciadoras del empleo del siglo XXI”.