Madrid, 6 de julio de 2011

La Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) ha reunido el 6 de julio en Madrid a representantes de la Administración, los sistemas integrados de gestión, Retorna y organizaciones de consumidores para que muestren sus posturas sobre la nueva Ley de Residuos, que se tramita en la actualidad en las Cortes y que traspone a la legislación española la directiva europea aprobada en 2008.

Concretamente, han participado en la mesa el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Jesús Huertas; el director general de Ecoembes, Melchor Ordóñez; el director general de Ecovidrio, Javier Puig de la Bellacasa; el presidente de Retorna, Domingo Jiménez Beltrán; el director de Comunicación de ASGECO Confederación, Jean-Bernard Audureau; y el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), José Ángel Oliván.

El director general de Calidad y Evaluación Ambiental del MARM, Jesús Huertas, ha señalado que se espera que la nueva ley esté aprobada antes de agosto por el Congreso de los Diputados y que los objetivos son la prevención e invertir la tendencia actual de aumento en la generación de residuos, así como evitar que un porcentaje todavía elevado de residuos vaya a vertedero. Cada año se generan en España 556 kilogramos de residuos domésticos por habitante, frente a la media europea de 508. En materia de reciclado, España recicla una media de 86 kilogramos por habitante y año, mientras que la media de la UE es de 119 kilogramos. España destina más residuos a vertedero que a incineración: 287 kilogramos frente a 48, mientras que la media de la UE es de 202 kilogramos a vertedero y 100 a incineración.

Durante su intervención Jesús Huertas ha anunciado que el MARM organizará en octubre una jornada sobre residuos, una vez aprobada la ley, para analizar su aplicación.

Por su parte, el director general de Ecoembes, Melchor Ordóñez, ha explicado que en España se generan cada año 400 millones de toneladas de residuos, incluyendo los ganaderos, industriales y mineros, de los cuales el 6% corresponde a residuos sólidos urbanos, es decir, unas 24 millones de toneladas. De esos 24 millones de toneladas, 19 corresponden a residuos orgánicos y 5 millones a envases domésticos e industriales. En 2010 se reciclaron 1,2 millones de toneladas de residuos, el 65,9% del total (cada tres envases, dos se reciclan). En la actualidad, hay 420.000 contenedores en España (280.000 contenedores amarillos y 140.000 azules).

El director general de Ecovidrio, Javier Puig de la Bellacasa, ha indicado que en la actualidad hay un contenedor de vidrio por cada 274 habitantes, y que se encuentra a 200 ó 300 metros de su casa, lo que facilita la gestión al ciudadano. Asimismo, ha llamado la atención sobre la disparidad entre Comunidades Autónomas, ya que no siempre la participación es la misma, y las diferencias entre territorios no son porque el ciudadano sea más o menos respetuoso con el medio ambiente, sino porque hay estructuras de carácter administrativo que no participan de la misma manera.

El presidente de Retorna, Domingo Jiménez Beltrán, ha señalado que el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) supone un cambio en la política de residuos, ya que si al residuo se le da un valor, el poseedor deja de abandonarlo y lo considerará un recurso. Además, ha defendido que con este sistema se recogerían más envases y de más calidad, ya que no habría impropios; aún así ha indicado que es necesario estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica para España.

El director de Comunicación de ASGECO Confederación, Jean-Bernard Audureau, ha dicho que el sistema de depósito, devolución y retorno tiene un papel importante en la concienciación ciudadana por el reciclado y que la coexistencia de ambos sistemas es lo acertado.

Finalmente, el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), José Ángel Oliván, ha criticado que los consumidores no están bien informados por ninguno de los dos sistemas y que el SDDR supondría un canon ecológico de 25 céntimos por envase, que castiga de antemano y sólo se devuelve si el ciudadano se porta bien.